El gobierno y la realización de una consulta indígena.

31 03 2011

 

Natalia Caniguan

 

En septiembre del año 2009 el Gobierno de ese entonces, ratifica la entrada en vigencia del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, un año más tarde, dicho convenio comenzaría a ser puesto en práctica. Dentro de los principales aportes encontramos en el Convenio 169 está el derecho a consulta a los Pueblos Indígenas, proceso que se debiese llevar a cabo cada vez que haya temas que les afecten en sus territorios. La aplicación del Convenio 169 en nuestro país no ha estado exenta de polémicas, el gobierno de Sebastián Piñera deberá presentar nuevamente las memorias de su aplicación, debido a que no se condicen con las memorias presentadas por organizaciones indígenas, de manera alternativa a la entrega oficial que debía hacer el gobierno. Actualmente, la realización de una consulta indígena, vuelve a relevar el tema de la implementación del Convenio 169 en nuestro país.

A inicios de marzo del 2011, durante la realización de una nueva versión de las “Mesas de diálogo con el Pueblo Mapuche”, el gobierno anuncia que invertirá alrededor de 400 millones de pesos para llevar a cabo un proceso de consulta para dar paso a su mentado proyecto de reformulación de la institucionalidad indígena existente, es decir, la transformación de  CONADI en una Agencia de Desarrollo Indígena, además conocer la opinión de los pueblos indígenas acerca del proyecto de Reforma Constitucional que se desea enviar al Congreso y finalmente sentar las bases para lo que será un  proceso de consulta permanente con los Pueblos Indígenas, dando respuesta así a la aplicación del Convenio 169 en Chile.

Esta “buena voluntad” de parte del gobierno,  no obstante, se encuentra cargada de una serie de hechos que la han puesto en la palestra y en base a los cuales se han presentado una serie de cuestionamientos. Para comenzar, se aduce que la consulta será efectuada bajo el Decreto 124 de Mideplan, decreto creado durante el Gobierno de Michelle Bachellet; por el Encargado de asuntos indígenas, de ese entonces, el ministro José Antonio Viera Gallo.

El Centro de Políticas Públicas – Ceppdi –  llevó a cabo un análisis de dicho decreto, notando la presencia de una serie de irregularidades que vulneran el derecho a consulta de los Pueblos Indígenas, además de no cumplir con los objetivos y lineamientos propuestos por el Convenio 169[1].

E Decreto 124 busca “regular la obligación de las organizaciones de la administración del Estado de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas”, dicha definición que pone acento en el escuchar a las organizaciones que se vean afectadas más adelante señala que la consulta será aplicada, siempre que los organismos de estado lo consideren pertinente – sin considerar la necesidad de consulta surgida desde las organizaciones – y tendrá relación con la medidas legislativas o administrativas (donde se incluye planes o programas que les afecten).

En cuanto a los tiempos en que se desarrollen dichas consultas, se señala que en el caso de medidas legislativas, la consulta podrá realizarse en forma previa a su envío al congreso e inclusive mientras dichas medidas se encuentren en proceso de tramitación legislativa. En el caso de las medidas administrativas la consulta deberá realizarse de manera previa a la aplicación de tales programas o planes, no obstante, de ser necesario por motivos de funcionamiento del órgano ejecutor, esta puede no realizarse en dicho momento.

En lo que respecta a los proyectos de inversión, que cada vez más se asientan en territorios indígenas, este decreto no estipula la realización de consulta para su eventual realización ni instalación de grandes obras en territorios indígenas; más bien se señala que estos proyectos se rigen por sus propias normativas sectoriales, lo que no da cabida a este tipo de consulta ni a la consideración de las poblaciones indígenas y sus opiniones.

Otro elemento que sin duda llama la atención, es lo que ocurre con los resultados obtenidos de la consulta, así el decreto 124 estipula que la consulta debe ser realizada con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento respecto de las medidas propuestas, lo que implica la voluntad de efectuar las adecuaciones que sean razonables, posibles, necesarias y pertinentes a los pueblos indígenas, sin que ello impida la realización de aquellas. Dicho enunciado sin duda genera cuestionamientos respecto al carácter vinculante de la consulta, más aún cuando el actual encargado de Asuntos Indígenas del Gobierno, Sebastián Donoso, reconoce públicamente que la consulta que se realizará no será vinculante, inclusive señala que de no tener apoyo respecto a los cambios que quieren realizar en Conadi, estos se realizarán de todas maneras[2].

Dichas declaraciones no pasaron inadvertidas, tanto para el propio gobierno como para las organizaciones indígenas que ven con esto una vez más pasados a llevar sus derechos.  Es de esperar entonces, que el gobierno asuma esta consulta con responsabilidad y no como el mero acto de dejar hablar a las organizaciones pero sin escucharlas. La consulta debiese efectuarse de la manera más inclusive y vinculante posible, para que realmente tenga sentido su realización.

Sin duda, son muchos más los cuestionamientos existentes, no obstante, se resuelven con la voluntad del gobierno y el real compromiso de aplicar en forma plena el Convenio 169, el cual si bien no explícita formas de consulta, otorga lineamientos que es necesario seguir y considerar para llevar a cabo el trabajo de una manera adecuada. El actual gobierno ya ha recibido observaciones de parte de la OIT acerca de sus memorias sobre la implementación del Convenio 169 en Chile, también ha recibido recomendaciones de parte del Relator de Asuntos Indígenas James Anaya respecto a las formas de actuar y proceder con los pueblos indígenas, es por tanto, el momento de que se comience a dar un verdadero trabajo respecto a los Pueblos Indígenas y sus derechos como tales.

 

 


[2] Diario Austral, Lunes 28 de Marzo de 2011. Pág. 7

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Juicio en Cañete

23 03 2011

Natalia Caniguan

Durante tres meses se llevó a cabo el Juicio contra 18 comuneros Mapuche, acusados inicialmente bajo la Ley Antiterrorista por el Estado Chileno. Después de alrededor de dos años en prisión preventiva y del Juicio que duró cerca de tres meses, se absuelve a 14 comuneros de los delitos presumiblemente cometidos, además se anula el carácter terrorista de estos y solo se decide procesar a 4 comuneros, sindicados como los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco.

El juicio contra 18 comuneros llevado a cabo en Cañete, sin duda, acaparó la atención de quienes siguen de cerca el llamado “conflicto mapuche”, ya que este se enarbolaba como el gran juicio y golpe que daría la justicia contra las comunidades en conflicto. El rigor de la ley se dejaría caer sobre los comuneros y se apaciguaría de esta manera el conflicto indígena y el levantamiento de las comunidades.

Previo al inicio de tan bullado juicio, los comuneros sindicados como participes de los diversos delitos que se les imputaban, realizaron una huelga de hambre que duraría 82 días, en la cual, tras un largo proceso en el que inicialmente no se tomaban medidas, y luego debido a urgencias de salud y a la presión internacional ejercida sobre el gobierno, se busca mediar con los huelguistas a través de la Iglesia Católica, representada en la imagen del actual arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati. Para culminar la huelga, el gobierno acuerda recalificar los delitos y quitar así el carácter terrorista de estos, hecho que sucederá cuando el juicio se encuentre en su etapa final, habiéndose presentado pruebas y testigos amparados en bajo la ley antiterrorista, a pesar de todo.

Los delitos por los cuales inicialmente se enjuiciaba a los comuneros, eran: asociación ilícita terrorista, asociación ilícita para el robo, incendio terrorista, robo con intimidación, amenazas terroristas y atentado terrorista por el ataque perpetrado al fiscal Mario Elgueta en octubre del año 2008, en las cercanías de Puerto Choque, en el Lago Lleu Lleu. Estos hechos llevaron a que los 18 comuneros imputados estuviesen alrededor de 2 años en prisión preventiva, en espera de la resolución del tribunal y del desarrollo de la investigación de los hechos.

El juicio oral, que se llevó a cabo en el tribunal oral en lo penal de Cañete, comenzó el mes de noviembre del año recién pasado, extendiéndose por tres meses, finalizando el 22 de febrero de 2011. A lo largo del juicio, se llevaron a cabo 61 audiencias, se presentaron a dar sus testimonios más de 100 testigos y se hizo escucha de cerca de un centenar de llamadas telefónicas.

Dado que la recalificación de los delitos solo se produjo en la etapa final de este largo juicio, las pruebas  presentadas en las diversas audiencias, se encontraban amparadas bajo la Ley antiterrorista, permitiéndose de esta manera la participación de testigos protegidos y “sin rostro”, siendo utilizados sus testimonios como principal medio de prueba de parte del los acusantes.

Finalmente, tras los 3 meses de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete decide absolver a 14 comuneros imputados, debido que “no se logró acreditar la participación de los inculpados en los hechos”, además se les absuelve de los delitos de quema de cabañas y camiones entre los años 2005 a 2008, debido a que las pruebas presentadas no resultaban concluyentes, para determinar la participación de los imputados, señalándose, que si bien los delitos poseían un carácter terrorista, no había forma de demostrar la participación de los comuneros.

De los 18 comuneros acusados y juzgados inicialmente, el tribunal decide condenar solo a 4 comuneros, siendo estos Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche. Quienes  tras la reformalización de cargos de parte del abogado del Estado, fueron inculpados por los delitos de: delito a la autoridad y homicidio frustrado – por el atentado al fiscal Elgueta- lesiones graves contra 3 efectivos de la PDI que acompañaban al fiscal y robo con intimidación contra Santos Jorquera, agricultor y testigo protegido por la fiscalía. La lectura de su sentencia se llevará a cabo el día 22 de marzo.

El día 15 de marzo del presente año, los cuatro comuneros sindicados como culpables y que esperan se dicte el veredicto, decidieron retomar nuevamente la huelga de hambre, como medio de presión para entre otras medidas, anular el juicio al que fueron sometidos, en tanto, se les procesó por delitos comunes, sin embargo, las pruebas presentadas son ilegales frente a la legislación civil-

En un comunicado redactado ese día, los comuneros solicitaban: debido proceso y juicio justo; sin testigos  protegidos ni ley antiterrorista; nulidad del juicio oral ya realizado; ser juzgados por un tribunal competente e imparcial; fin al doble procesamiento dentro de la justicia civil y finalmente el traslado desde la cárcel de Lebu, hasta la de Angol.

Hoy 22 de marzo, el Tribunal hizo lectura de la sentencia tan esperada, en ella se dictan 20 años de prisión para Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, debiendo cumplir 10 años por robo frustrado y 10 años más por el homicidio frustrado contra el fiscal del Ministerio Público. Por su parte, Héctor Llaitul – líder de la Coordinadora Arauco Malleco – fue sentenciado a cumplir una pena de 25 años, otorgándosele 15 años por homicidio frustrado contra el fiscal, además de los 10 años por robo frustrado.

Los comuneros, mientras tanto continúan en huelga de hambre y el defensor público señaló que pedirá la nulidad del juicio, basados en la ilegalidad de los testimonios de los testigos, en tanto, se utilizó testigos protegidos amparados en la Ley Antiterrorista.

El movimiento de apoyo a los presos políticos Mapuche, el día de ayer demostró su descontento con la sentencia y realizaron una toma de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañete, para pedir con esto una pronunciación de parte de la Iglesia Católica frente a lo que está ocurriendo. Los presos en tanto, fueron trasladados hasta la cárcel de Angol para comenzar a cumplir sus condenas.